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El asesinato de la periodista Avisack Douglas, durante un ataque armado a la casa de campaña de la candidata Xóchitl Tress en Juan Rodríguez Clara, es mucho más que una tragedia personal o una anécdota violenta del proceso electoral en Veracruz. Es la confirmación brutal de una verdad incómoda: el crimen organizado no sólo coexiste con las instituciones del Estado, sino que, en muchas regiones del país, las suplanta, las infiltra o las corrompe con absoluta impunidad.
Las declaraciones de Tress, quien afirma que "teme por su vida" y acusa directamente a elementos de la Policía Municipal de haber limpiado la escena del crimen, no pueden ni deben tratarse como simples dichos de una candidata en campaña.
La gravedad de lo que denuncia—una posible alteración dolosa del lugar de los hechos por parte de fuerzas de seguridad locales—coloca a Veracruz, una vez más, en el foco rojo de la violencia política, el colapso institucional y la penetración del crimen organizado en la vida pública.
La historia reciente de Xóchitl Tress ya estaba marcada por la violencia: su esposo, Gregorio Barradas Miravete, presidente municipal electo de Juan Rodríguez Clara en 2010, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo.
Quince años después, la candidata enfrenta lo que ella describe como un segundo intento de silenciarla, esta vez en medio de una campaña donde, por desgracia, no es la única bajo amenaza.
En todo el país, el proceso electoral 2024-2025 es ya uno de los más sangrientos de la historia, con más de 30 aspirantes asesinados y decenas más bajo amenaza.
Lo que distingue el atentado contra Tress no es sólo su historial personal o el hecho de haber sobrevivido a una agresión mortal, sino la presunta complicidad de fuerzas policiales con los agresores.
El que se hayan "levantado los casquillos" y limpiado la escena del crimen, antes de la llegada de la Fiscalía, representa una cadena de omisiones y delitos que deben ser investigados con urgencia y transparencia.
Si esas acusaciones se confirman, estaríamos ante una grave violación del debido proceso y un mensaje directo a los ciudadanos: aquí no manda la ley, manda el miedo.
La respuesta institucional ha sido, hasta ahora genérica. No basta con escoltas o rondines. Se requiere una intervención profunda y sostenida que desmonte las redes criminales que operan en esa zona del sur de Veracruz, con ramificaciones tanto políticas como económicas.
Pero el problema va más allá del caso Tress. Lo que está en juego es la capacidad misma del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de competencia democrática. Si una candidata a la alcaldía, con historial político y notoriedad pública, puede ser blanco de un ataque armado y ver morir a su jefa de prensa sin que haya consecuencias claras para los responsables materiales e intelectuales, ¿qué puede esperar un ciudadano común que sufre extorsión, secuestro o amenazas en silencio?
Y no podemos dejar de lado el impacto simbólico y social del asesinato de Avisack Douglas. Periodista y colaboradora, su muerte representa el cruce letal entre dos de los oficios más peligrosos en México: informar y participar.
"La china" era una madre que salía como muchos periodistas a ganarse la vida y en ese camino las malditas balas la encontraron.
La violencia contra la prensa no es un daño colateral, es una estrategia deliberada para imponer el terror y el silencio.
En este caso, además, se suma a una agresión directa contra el ejercicio político en un municipio donde, según la propia candidata, impera el cobro de piso, la extorsión y la ley del crimen.
Frente a esto, el Estado mexicano tiene dos opciones: o responde con contundencia, garantizando justicia, protección y condiciones reales de participación, o se convierte en cómplice por omisión. El costo de la indiferencia ya no es político; es humano.
El caso de Xóchitl Tress y la muerte de Avisack Douglas deberían marcar un parteaguas. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma de descomposición institucional profunda.
Las elecciones no pueden celebrarse con normalidad en un entorno donde la vida de los candidatos, sus equipos y la ciudadanía están permanentemente bajo amenaza. Lo contrario no sería democracia: sería barbarie disfrazada de legalidad.
El tiempo corre, y con él, la esperanza de justicia. Que no se nos olvide: Avisack Douglas no murió por estar en el lugar equivocado, sino por estar del lado de ganarse la vida todos los días. Y eso, en México, sigue costando la vida.
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