Baja participación ciudadana en elección judicial en México

En las discusiones actuales sobre el futuro de la justicia en México, la propuesta de someter a elección popular a integrantes del Poder Judicial ha provocado un intenso debate no solo en los círculos especializados, sino también entre la ciudadanía, preocupada por la integridad democrática de las instituciones. Sin embargo, una de las principales inquietudes que surgen es el nivel de participación ciudadana que podría esperarse en estos procesos, y lo que ello implica para nuestro Estado de Derecho.

El núcleo del sistema democrático radica en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Cuando se propone la elección de jueces o magistrados por voto popular, subyace el objetivo de fortalecer la legitimidad democrática de estos funcionarios. No obstante, la experiencia comparada y la realidad política mexicana nos indican una expectativa sobria: la participación ciudadana, lejos de alcanzar niveles robustos, tendería a ser baja.

Los antecedentes de consultas populares y procesos electorales intermedios en México muestran consistentemente una participación inferior al 50%, especialmente cuando las votaciones no están directamente vinculadas a cargos ejecutivos o legislativos de alto perfil. La distancia que muchos ciudadanos perciben entre sus necesidades cotidianas y el quehacer judicial se traduce en apatía y desconocimiento sobre las candidaturas y sus implicaciones.

Una baja participación en elecciones judiciales enviaría una señal preocupante sobre el compromiso social con la impartición de justicia. La legitimidad de los jueces electos podría verse cuestionada si resultan ganadores con un escaso respaldo popular, lo que en nada coadyuva a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Aunado a ello, sistemas con baja participación suelen ser más susceptibles a la influencia de grupos de interés o actores con mayor capacidad de movilización, lo que podría vulnerar la independencia judicial, principio esencial para el Estado de Derecho. La justicia debe ser técnica, independiente e imparcial; condiciones difíciles de conciliar si el proceso de elección es dominado por la apatía general y la movilización selectiva.

La democratización de la justicia no puede basarse exclusivamente en la apertura de procesos electorales, sino en la construcción de una ciudadanía informada y participativa. Es imprescindible reconsiderar mecanismos que fomenten el involucramiento ciudadano, más allá del acto de votar, mediante la educación cívica, la transparencia de los procesos judiciales, y la apertura de espacios de rendición de cuentas.

Hoy, la expectativa de baja participación es, más que un síntoma, un llamado de alerta para reflexionar sobre la relación profunda entre ciudadanía, derecho y democracia. Solo mediante el fortalecimiento de estos lazos podremos aspirar a una verdadera justicia democrática en México.

La baja participación ciudadana en eventuales elecciones judiciales es una expectativa fundada en la realidad mexicana, con serias implicaciones para la legitimidad y funcionamiento de la justicia. Desde el ámbito del Derecho y la democracia, el reto es mayúsculo: involucrar de manera activa y consciente a la sociedad en la vida judicial del país, reconociendo que la justicia no es un mero procedimiento técnico, sino un pilar insustituible de nuestra convivencia democrática.