La justicia a modo en Veracruz (Tercera y última parte)

• El caso Alejandro "N" y el secuestro institucional de la justicia
• Cuando la toga protege al poder 
• Un instrumento de venganza: se revela la captura institucional del Poder Judicial en Veracruz

En un país que presume ser un Estado de derecho, donde la Constitución y las leyes deberían guiar el ejercicio del poder, el caso de Alejandro "N" y su hijo E.D.C. revela una herida profunda: la justicia en Veracruz ha dejado de servir al interés superior del menor para convertirse en herramienta de coerción, favores políticos y venganza institucional.

Como un juez que guarda silencio frente al crimen en su propia sala, las autoridades judiciales han traicionado su función esencial: proteger al débil del abuso, y no al poderoso de las consecuencias.

Lo que está ocurriendo en este caso es más que una controversia familiar. Es la fotografía precisa de un sistema judicial capturado, donde los jueces no son árbitros, sino actores; donde las fiscalías operan bajo consignas; y donde la ley se interpreta —o se ignora— según el poder de quien llama al teléfono.

DANIEL RUIZ GUERRERO: UN JUEZ POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN 

De acuerdo con Alejandro "N", el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Ruiz Guerrero, figura central en este caso, ha decidido actuar no como servidor de la ley, sino como su verdugo.

El 10 de septiembre de 2024, a pesar de una suspensión federal vigente otorgada por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Amparo Indirecto 672/2024 —que instruía mantener al menor E.D.C. en depósito judicial con su padre—, el juez Ruiz ordenó, bajo amenaza de sanción fiscal y uso de la fuerza pública, entregar al niño a su madre, Maquis "N".

Y lo explica el padre: "Esto no es un simple error de criterio judicial. Es un desacato flagrante a la autoridad federal, una violación del principio de legalidad y una afrenta al principio de interés superior del menor, consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por México. ¿Qué autoridad puede mantenerse impune tras vulnerar una orden federal? Solo aquella que opera bajo la certeza de que sus actos no tendrán consecuencia alguna".

Insiste Alejandro "N" en que Ruiz Guerrero, además, ha ignorado sistemáticamente desde 2021 las pruebas que documentan el incumplimiento por parte de Maquis "N" de acuerdos de convivencia dictados por su propio juzgado (Expediente 5978/2021). Actas notariales, videos y diligencias dan fe del desacato de la madre, y sin embargo, ni una sola sanción le ha sido impuesta. La omisión, en este caso, no es neutral: es complicidad.

ROBERTA AYALA LUNA Y EL PODER DESDE LAS FISCALÍAS 

Para Alejandro "N", ningún engranaje corrupto gira solo. El caso también señala directamente a la Fiscal Coordinadora Especializada Roberta Ayala Luna, cuya influencia sobre jueces y fiscales convierte su oficina en un centro de decisiones políticas disfrazadas de justicia, afirma.

De acuerdo con las denuncias de Alejandro "N", Ayala habría instruido a fiscales como Carolina Posada Cruz para no judicializar denuncias contra Maquis "N", incluso en presencia de dictámenes psicológicos que acreditaban daño al menor (Carpeta F4/324/2024). Posada no lo niega. Al contrario, reconoce que su inacción responde a una cadena de mando que coloca la obediencia política por encima de la obligación jurídica.

Como lo había relatado Alejandro "N" en una entrega anterior, este patrón de impunidad también se extiende a otras fiscalías, como lo demuestra la carpeta UIPJ-DXXI/1002/2021/F3ESP.

Karina Yamileth Hernández Franyuti fue quien solicitó una audiencia privada con la intención de que se librara una orden de aprehensión en contra de Alejandro "N", bajo el argumento de que no lo podía notificar.

El juez negó la solicitud, pero aun así, ella procedió a judicializar la carpeta, relata Alejandro "N".

La fiscal actual, Narcisa Sulvarán, asumió la investigación como fiscal tercera, y lejos de revisar de forma objetiva lo actuado, ofreció perfeccionar el primer dictamen y ampliar pruebas, pero ya sin tomar en cuenta ningún elemento que favoreciera el derecho a la defensa del padre.

El ex secretario técnico de la Fiscalía de acuerdo a Alejandro "N" presuntamente solicitó el favor personal a Roberta Ayala Luna, Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia para proceder en su contra y proteger a Maquis "N", sin sustento jurídico y en evidente colusión.

DENUNCIAS FALSAS Y USO POLÍTICO DEL GÉNERO 

Para el padre del menor, el relato victimista de Maquis "N" no resiste el mínimo escrutinio. Desde septiembre de 2021, sustrajo al menor y chantajeó al padre con una exigencia explícita: "$60,000 pesos o no verás a tu hijo". Esta práctica se combina con una estrategia sistemática de aprovechamiento institucional: denuncias falsas, uso político del género como escudo legal, incumplimiento de acuerdos y la búsqueda de beneficios patrimoniales.

Alejandro "N" dice que no es un comportamiento nuevo, ya está señalado dentro de la carpeta  UIPJ-DXXI/1002/2021/F3ESP. A pesar de que Alejandro "N", ofreció pruebas en su defensa, no importó y con el primer dictamen psicológico realizado por la fiscalía, fue que lo sujetaron a proceso.

EL PELIGRO DEL PRECEDENTE 

Las consecuencias de este caso trascienden a Alejandro "N" y su hijo. Sienta un precedente alarmante:

• Que un juez desacate una suspensión federal sin ser removido demuestra que el sistema no se autodepura.
• Que una fiscal reconozca actuar por órdenes políticas expone que los derechos de los niños están supeditados a intereses partidistas.
• Que una madre pueda falsear denuncias sin repercusión alguna abre la puerta para que otros usen el aparato judicial como instrumento de extorsión y venganza.

El interés superior del menor —ese principio que debería regir toda decisión en materia familiar— ha sido, aquí, mutilado. No solo ignorado, sino burlado de forma sistemática.

Alejandro "N" ha levantado la voz, -ha contado su verdad con expedientes en mano- y con ella, la de muchos padres y madres que han sido derrotados no en juicio, sino en los pasillos del poder judicial.

Su caso es un llamado urgente a revisar, intervenir y sanear un sistema que, si sigue así, no solo destruirá familias: destruirá también lo último que le queda a una democracia frágil como la nuestra —la esperanza de que la ley pueda ser más fuerte que el poder.

Porque cuando la toga protege al poder y no a la ley, ya no hay justicia: solo hay simulacro.