Bienestar Veracruz y la nueva era del hostigamiento político

En las últimas semanas, el estado de Veracruz ha sido escenario de una preocupante regresión institucional.

Las oficinas delegacionales del programa federal de Bienestar han dejado de ser espacios públicos al servicio de la ciudadanía para convertirse, según denuncias de trabajadores, en terrenos de intimidación, purgas políticas y manipulación electoral al más puro estilo priista de los años oscuros.

El protagonista: Juan Javier Gómez Cazarín, recién designado delegado de Programas para el Bienestar en la entidad.

El relato que emerge de distintas fuentes dentro de la dependencia federal es alarmante.

A través de amenazas veladas, y otras no tanto, Gómez Cazarín estaría promoviendo una limpia ideológica en las oficinas de Bienestar, apuntando especialmente a aquellos trabajadores que —a su juicio— simpatizan con su antecesor y ahora senador, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Lo que antes era una institución técnica orientada a operar programas sociales con enfoque de derechos, parece haberse transformado en un cuartel de lealtades políticas y ajustes de cuentas personales.

SIGUE EL CLIENTELISMO Y LA COACCIÓN AL VOTO

El caso ilustra de forma cruda la utilización del aparato público para fines facciosos.

La administración federal prometió erradicar el clientelismo y la coacción del voto; sin embargo, los testimonios sobre despidos injustificados, presiones para hacer proselitismo y actos de discriminación dentro de Bienestar contradicen frontalmente esa narrativa.

La acusación no es menor: empleados han señalado que se les exige promover a candidatos de Morena so pena de perder su fuente de ingreso. Una vuelta de tuerca que trae ecos del autoritarismo electoral de otras épocas y que pone en entredicho la legalidad y legitimidad del ejercicio gubernamental.

LA NORMALIZACIÓN DEL ATROPELLO

Lo más grave de este fenómeno no es solo la persecución interna contra quienes presuntamente "no se alinean", sino la normalización del atropello como mecanismo de control.

En los pasillos de la dependencia corre el temor: trabajadores que evitan hablar, que se autocensuran, que bajan la cabeza para no ser los siguientes en la lista negra.

La zozobra no solo es institucional; es humana. Es el terror silencioso de no saber si mañana seguirán llevando pan a la mesa por no compartir un color o una estrategia de campaña.

En el sur del estado, particularmente en municipios como Coatzacoalcos, los casos documentados se acumulan.

Personas con años de servicio han sido relevadas de sus funciones sin justificación formal. Otros han sido degradados o reubicados en condiciones laborales precarias.

Todo bajo la sombra de criterios arbitrarios: "no apoyar a Morena", "tener relación con Huerta" o simplemente no acatar las instrucciones de activismo encubierto.

La respuesta del senador Manuel Huerta no ha sido tibia, pero sí sintomática de los tiempos que vivimos.

Al ser cuestionado por la prensa sobre los presuntos actos de hostigamiento y comentarios gordofóbicos de Gómez Cazarín, Huerta los calificó como "cuestiones de mediocridad" y llamó a los trabajadores a denunciar.

Aunque intenta deslindarse de cualquier confrontación directa, su mensaje no deja de ser una crítica severa a la forma en que se está ejerciendo el poder en la delegación de Bienestar.

Y es que el caso Gómez Cazarín plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se puede permitir que un funcionario federal actúe como operador político con recursos públicos? El daño no solo es reputacional, sino estructural.

Desmantelar redes de trabajo que funcionaban con eficiencia técnica para reemplazarlas por cuadros leales al nuevo delegado puede comprometer seriamente la operación de los programas sociales.

Y peor aún, erosiona la confianza ciudadana en una institución que debería ser ejemplo de imparcialidad.

CACIQUE DE ESCRITORIO

A las puertas de un nuevo sexenio, Veracruz necesita instituciones que se rijan por la legalidad, no por las pulsiones de un cacique de escritorio.

El uso político de Bienestar, además de ser éticamente reprochable, es jurídicamente punible: constituiría una violación directa a las leyes electorales y laborales, y colocaría a la administración federal en el centro de una posible tormenta de denuncias.

Desde una perspectiva política, la situación también tiene implicaciones para el presidente entrante y la presidenta electa.

El discurso de transformación social y defensa de los pobres se vacía de contenido si los programas sociales se convierten en botines de guerra interna entre grupos de poder.

La continuidad de la llamada Cuarta Transformación no puede construirse sobre las ruinas de los derechos laborales ni sobre el miedo de los servidores públicos.

Lo que sucede en las oficinas de Bienestar en Veracruz no es una anécdota local ni un pleito menor entre dos actores de Morena.

Es un síntoma de la fragilidad institucional que aún permea muchas áreas del Estado mexicano.

Si el gobierno federal quiere ser congruente con su promesa de justicia social, debe tomar cartas en el asunto. Porque callar ante el abuso es ser cómplice. Y en política, como en la vida, la omisión también tiene un costo.

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