Retraso en juzgados del puerto de Veracruz frena lucha contra la extorsión

A pesar del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para combatir la extorsión, víctimas de este delito encuentran un obstáculo en la impartición de justicia.

Empresarios y abogados denunciaron a nuestra redacción que existe una dilación injustificada en el seguimiento de sus denuncias en el Juzgado de Procesos y Procedimientos Penales Orales del puerto de Veracruz.

Los afectados detallan que mientras en la Fiscalía Regional se cuenta con la integración de las carpetas de investigación y asesores legales contribuyen con la aportación de pruebas para robustecer las denuncias, todo se detiene al momento de requerir de una sala de juicios orales para desahogar las audiencias.

En este punto del procedimiento penal, el responsable de asignar el espacio para llevar a cabo las audiencias en el juzgado del puerto de Veracruz es el administrador Jorge Sandoval, quien de manera injustificada e indebida posterga el acceso a los espacios, denuncian víctimas del delito.

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De acuerdo con lo expresado por los inconformes, Jorge Sandoval es el funcionario de designar fechas y la sala en donde se llevan a cabo las audiencias de imputación y vinculación a proceso, para dar cauce a los procedimientos penales en contra de personas señaladas por delitos como extorsión.

De esta manera, la estrategia que impulsa el gobierno estatal y federal para combatir el delito de extorsión encuentra impunidad con una lentitud en la impartición de justicia, ya que los casos ni siquiera logran llegar a un juez de control para que este determine lo conducente.

Extorsión, lastre para empresas y economía

De acuerdo con cifras oficiales, en el estado de Veracruz fueron denunciados 169 casos de extorsión ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en el primer bimestre del 2025.

En el 2024, se abrieron 938 carpetas de investigación por este delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 1 de abril, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que se prepara una Ley de extorsión, la cual podría ser presentada con otras iniciativas más al Congreso próximamente, esto debido a que es una problemática que sigue presente para los empresarios en Veracruz y México.

Al ser cuestionada por la periodista del Corporativo Imagen del Golfo, Olga Ojeda Lajud sobre un comunicado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) donde exponen que es necesaria una Ley para el combate de la extorsión, aseguró la mandataria que ya se encuentran preparándola, pero adelantó que también se requiere la atención de las fiscalías y del Poder Judicial.

"Sí, estamos trabajando sobre una Ley de extorsión, más allá de la Ley, es todo lo que viene alrededor, es el mecanismo para la denuncia de la extorsión y la persecución del delito, muchas veces una persona por temor no denuncia y nosotros tenemos que dar las facilidades para que se persiga de oficio. Pero se sigue investigando sobre el delito".

En días pasados, la Coparmex urgió al Congreso de la Unión para que apruebe una Ley General de Extorsión que permita combatir este delito de manera más eficiente y coordinada.

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Señaló que la extorsión impacta gravemente a negocios de todos los tamaños, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), además de representar una amenaza para la economía y el bienestar social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, 96.7 por ciento de los casos de extorsión no son denunciados debido al miedo a represalias.

Otros casos no son denunciados porque la dilación que se presenta en las instancias de impartición de justicia, como ocurre en el Juzgado de Procesos y Procedimientos Penales Orales del puerto de Veracruz.