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Al cierre de 2023, la capacidad del sistema penitenciario mexicano quedó rebasada. Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federales y Estatales (CNSIPEE-F 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Veracruz emerge como una posible solución con el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, proyectado para albergar a más de dos mil personas privadas de la libertad.
Actualmente, 233,277 personas se encuentran recluidas en penales del país, mientras la infraestructura disponible sólo puede alojar a 229,032, lo que deja un excedente inmediato de 4,245 internos.
Esta diferencia ha acentuado la presión sobre el sistema penitenciario nacional, con centros estatales alcanzando una tasa de ocupación de 105.9%, frente a un 73.1% en las instalaciones federales.
Autoridades federales atribuyen el incremento a una combinación entre la política de seguridad implementada por el actual gobierno y el ritmo de operación del sistema judicial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que, hasta abril de 2025, se registraba un excedente acumulado de más de 20 mil personas distribuidas en centros de reclusión de todo el país.
Una cifra relevante del informe es que el 37.3% de las personas recluidas aún no cuenta con sentencia definitiva, lo que representa más de 86 mil personas que se encuentran en espera de que su situación jurídica sea resuelta por un tribunal.
En el norte del estado de Veracruz se ubica el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, construido sobre 28.1 hectáreas, con una capacidad planeada para 2,160 personas privadas de la libertad.
Aunque todavía no ha sido plenamente incorporado al sistema federal operativo, este centro representa una posible alternativa para mitigar el problema estructural de sobrepoblación.
Además del caso veracruzano, en 2024 el gobierno de Durango transfirió a la federación un Centro de Rehabilitación Social que puede alojar hasta 1,900 internos, como parte de una estrategia para redistribuir a los reclusos y aliviar los niveles de saturación en otros penales del país.
El informe recuerda que en 2019 cerraron dos centros penitenciarios relevantes: el penal federal de Islas Marías y el penal estatal de Topo Chico, en Nuevo León.
En ambos casos, no se construyeron nuevas instalaciones para reemplazar su capacidad, y los reclusos fueron reubicados en otros centros existentes, lo cual agravó la sobrecarga en varias regiones.