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Se ha encendido alarmas sobre la posible infiltración del crimen organizado en el sistema judicial mexicano, destacando la candidatura de individuos con presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.
Uno de los casos más destacados es el de Fernando Escamilla Villarreal, abogado que ha representado a figuras prominentes del narcotráfico, confirmó Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C.
Entre 2016 y 2019, Escamilla defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z40", líder de Los Zetas. Además, es asociado de los abogados Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla, quienes han representado a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Las conexiones generan inquietud sobre su posible nombramiento como juez penal.
Otro caso preocupante es el de Sabas Santiago Ipiña, exaspirante a juez en San Luis Potosí. Ipiña fue señalado por su presunta implicación en la desaparición y asesinato de los hijos de Rosalinda Ávalos, una expolicía que investigaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal federal en Nuevo León, fue detenido en 2023 por posesión de armas y drogas. Durante su arresto, se le encontraron múltiples bolsas de cristal, lo que genera dudas sobre su idoneidad para el cargo.
La infiltración del crimen organizado en instituciones clave representa una amenaza significativa para la justicia y la seguridad en el país. En medio de estas preocupaciones, México se prepara para la elección de alrededor de 900 cargos judiciales, una decisión sin precedentes.
La posible infiltración del crimen organizado en el sistema judicial mexicano es un tema de gran preocupación.