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El Consejo General del INE estableció una serie de lineamientos para que ni los servidores públicos, instituciones, ni tampoco los ministros de culto puedan promover el voto y la participación ciudadana en la elección judicial.
Tampoco crear espacios para la difusión de los perfiles en las candidaturas en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en su caso y en su caso el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión.
Además, los consejeros electorales expusieron que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato a juzgador.