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Las universidades autónomas, los sindicatos y las autoridades laborales a nivel federal son las instituciones públicas que más ocultan información que por ley deberían publicar en sus páginas de internet y en la plataforma Nacional de Transparencia, informó el INAI.
De acuerdo con el informe de Resultados de la verificación del cumplimiento de las obligaciones en portales de transparencia del 2020 que elaboró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que más se incumplen son el 75, 78 y 79.
El artículo 75 de la Ley General específica que las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público, y actualizar cada tres meses:
La información relacionada con planes y programas de estudio; remuneración y estímulos a profesores; lista de profesores con licencia o en año sabático; lista de becas y apoyos que otorgan y los procedimientos para obtenerlos; convocatorias a concursos de oposición; procesos de selección de consejos; lista de instituciones incorporadas a ellas y sus procesos administrativos internos.
Peor evaluados
En términos generales, el sector de sindicatos, que a nivel federal agrupa a 160 organizaciones de trabajadores, es el peor evaluado entre todos los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia, al obtener una calificación de 87.31 puntos, en una evaluación en la que sólo se eligió a 89 agrupaciones sindicales.
De acuerdo con el informe del INAI, los artículos de la Ley General de Transparencia que más se cumplen y obtuvieron una calificación de cien sobre cien son el 72, que se refiere a las obligaciones de las instituciones del Poder Legislativo, que son tres: las cámaras de Diputados y Senadores y la Auditoría Superior de la Federación.
El 73, que se refiere a las instituciones del Poder Judicial, que incluye a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, y el 74, que se refiere a los ocho órganos constitucionales autónomos.