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El Observatorio Electoral Judicial advirtió que la inequidad será el común denominador que marcará la elección judicial del 1 de junio.
En un informe alertó sobre "serias deficiencias" en el diseño y organización de los comicios, "muchas de ellas atribuibles a la prisa con la que se aprobó e implementó la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, y que dio origen al proceso electoral".
Puntualizó que este proceso electoral enfrenta obstáculos estructurales principalmente por dos factores: el reducido tiempo de organización de la elección y la insuficiencia presupuestal para llevarlas a cabo.
"El presupuesto asignado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue 52% menor al requerido, lo que limitó la cantidad de personas capacitadoras, asistentes electorales, supervisoras, funcionarias y funcionarios de casilla, y el número de casillas (84 mil 21 contra las 170 mil 182 casillas aprobadas en la elección de 2024), entre muchos obstáculos más. En cuanto al tiempo, la organización de un proceso de este tipo requiere un ciclo electoral completo, es decir, iniciar al menos diez meses antes de la elección. La elección judicial, con las novedades que implica, en cambio ha tenido que organizarse en menos de ocho meses".
En su análisis, el Observatorio Electoral Judicial indicó que la distribución de vacantes y candidaturas, así como el diseño de las boletas hace que las condiciones en la contienda sean inequitativas.
"Derivado de nuestro análisis, advertimos que, de las 3 mil 202 personas candidatas a los cargos mencionados, 201 no tienen posibilidades reales de ganar, mientras que otras 103 tienen muy bajas probabilidades -equivalentes a menos de 2%- ; es decir, ganarían sólo en uno de 50 escenarios posibles o incluso menos", mencionó.
En paralelo, 133 personas candidatas tienen un 100% de probabilidad de ganar, debido a que las condiciones de geografía, especialidad y criterios de paridad les dio candidatura única.
Por lo anterior, el Observatorio llamó a las autoridades federales a reflexionar sobre las lecciones de este proceso, y corregir, desde ahora, los errores de diseño y organización para el proceso electoral de 2026-2027.
"Esto implica hacer cambios legislativos profundos y establecer reglas operativas claras con tiempo suficiente. Es indispensable calcular adecuadamente las necesidades del sistema judicial, definir criterios de selección más justos y, sobre todo, diseñar boletas que permitan una competencia real y comprensible para la ciudadanía".
Reconocieron que las autoridades electorales han tenido poco tiempo para resolver sobre la marcha los vacíos legislativos que dejó el Congreso, sin embargo, detallaron que por ello mismo, "habrá que hacer una revisión sobre las responsabilidades de las autoridades a cargo de la distribución de vacantes y candidaturas, expedición de normatividad y diseño de boletas, las cuales, en última instancia, recaen en el Consejo General del INE".
Finalmente, detallaron que el resultado más grave es que la primera elección judicial en México se desarrollará en condiciones de inequidad que afecta de manera importante la integridad del proceso, toda vez que las 234 personas candidatas que tienen altas probabilidades de perder la elección "tienen argumentos y elementos suficientes para impugnar los resultados".
"Observaremos con detenimiento los casos en que impugnen los resultados de la elección producto de la inequidad que produce el diseño de las boletas, con la expectativa que la justicia electoral garantice los derechos políticos y electorales de las personas candidatas y de la ciudadanía, lo cual hasta ahora no ha ocurrido", concluye el informe.