Tras operativo en Acultzingo, habitantes denuncian amenazas (+Video)

Pobladores de la comunidad La Jarochita, ubicada en Acultzingo, expresaron su temor tras el operativo realizado por fuerzas policiacas, ya que señalaron que los elementos no solo se limitaron a quita el bloqueo contra Ferrosur y Vías Férreas, sino que ingresaron a sus domicilios y causaron destrozos.

Señalaron que al solicitar a los oficiales que se identificaran y explicaran el motivo de su presencia, estos respondieron de manera hostil, negándose a brindar información y actuando con violencia verbal.

"Nos respondieron con sus manos haciéndonos una grosería. Lo único que pedimos fue justicia y agua", declaró una de las mujeres de la comunidad.

El conflicto comenzó cuando la empresa Ferrosur, que había iniciado trabajos en la vía que cruza por la comunidad, se comprometió a proporcionar agua potable a los habitantes debido a la escasez y contaminación de sus fuentes locales.

Sin embargo, después de las excavaciones realizadas por la empresa, la situación se agravó, dejándolos sin acceso a agua potable. A pesar de los acuerdos previos, la comunidad nunca recibió el apoyo prometido.

"Nos dieron un garrafón de agua pequeño que ni siquiera alcanza para un día, y nada más", relataron.

Además, varias personas de la comunidad, como Ignacia Vázquez Aguilar, Reina Vázquez Rojano y otras, han actuado en nombre de los habitantes, alegando ser "las propietarias de los derechos del agua", sin presentar documentación que respalde tal afirmación.

Estas personas habrían negociado acuerdos con Ferrosur, supuestamente recibiendo dinero a cambio de representaciones falsas, sin que el resto de la población recibiera algún beneficio.

Acusaron que un representante de Ferrosur, de nombre Humberto, prometió apoyo con el suministro de agua, lo que hasta ahora ha incumplido causando frustración en la comunidad.

"Él nos prometió que nos iba a ayudar pero nunca cumplió. Ahora trae más de 300 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y otras fuerzas de seguridad, asustando a los niños y amenazando a nuestras familias", indicaron los habitantes.

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La gota que derramó el vaso para las familias fue que, al retomarse los trabajos, los 139 pobladores que habían recibido la promesa de ser recontratados solo vieron que llegaron más de 100 personas de otros lugares, mientras que ellos fueron ignorados.

Los pobladores pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle o de la Presidenta para que vean las condiciones en que se encuentran, pues solo pide acceso a agua y que la empresa Ferrosur respete los compromisos que hace con ellos.

"No somos delincuentes, solo buscamos justicia", concluyeron.