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El Congreso de Veracruz aprobó este martes la reforma constitucional que elimina al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y transfiere sus funciones a la Contraloría General del Estado y a los órganos de control interno del Poder Legislativo y Judicial.
La reforma fue respaldada por las bancadas de Morena, PT y PVEM con 37 votos a favor, pero recibió el rechazo de 8 diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron que se trata de un retroceso en materia de transparencia, que elimina a un órgano autónomo especializado y concentra la función en dependencias subordinadas al Ejecutivo.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, quien argumentó que "el diseño de organismos autónomos, si bien buscó fortalecer la transparencia, en ocasiones no derivó en una mejora tangible y generó altos costos operativos y duplicidad de funciones".
Lucía Begoña Canales, diputada de Morena, sostuvo que la desaparición del IVAI "responde a una convicción de racionalidad administrativa, austeridad y eficiencia". Afirmó que "se extingue el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sí, pero no se elimina el derecho".
Aseguró que las funciones del IVAI se trasladan a las contralorías internas. "Este dictamen garantiza que las y los ciudadanos seguirán teniendo acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia", indicó. "No podemos seguir simulando con estructuras que en lugar de ser garantes de la verdad se convirtieron en murallas burocráticas".
Según el dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, "esta armonización se debe realizar conforme a la Ley General de la materia, publicada el 20 de marzo de 2025".
El nuevo modelo establece que "los registros, padrones, sistemas informáticos y claves de acceso (...) serán transferidos a la Contraloría General del Estado".
Sobre los derechos laborales, el decreto garantiza que "serán transferidos conforme a la legislación aplicable". Begoña Canales insistió en que "no se vulnera a los trabajadores, se les integra a una nueva etapa institucional" y que "se asegura la integridad de los datos y la funcionalidad de los mecanismos de acceso a la información".
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, respaldó la medida. "No se trata de ocurrencias locales, sino de una adecuación responsable a una nueva forma de administración pública que busca la optimización de recursos", declaró.
Defendió que "su derecho a saber, a preguntar, a acceder a la información pública y su derecho a la protección de sus datos personales no se ve disminuido ni afectado en lo más mínimo". Precisó que "la iniciativa propone transferir, no eliminar ni borrar, las funciones del IVAI". Añadió que "todos los recursos que hoy están en trámite en el IVAI continuarán su curso sin interrupción ante las nuevas autoridades".
Desde el Partido del Trabajo, la diputada Elizabeth Morales García también votó a favor. Afirmó que "la desaparición del IVAI permitirá una reasignación de recursos hacia áreas prioritarias como la educación, la salud y la seguridad".
Explicó que el nuevo modelo institucional prevé la creación de un comité coordinador integrado por el ORFIS, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Comité de Participación Ciudadana.
La oposición, sin embargo, denunció un retroceso en la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Adrián Sigfrido Ávila Estrada, diputado de Movimiento Ciudadano, afirmó que "Veracruz vive una etapa de eliminación de contrapesos institucionales". Señaló que el dictamen "no incluyó la opinión de las y los integrantes de la actual legislatura", ni dio espacio a la participación ciudadana.
"El retroceso camina con un falso discurso de la austeridad", dijo. "No habrá un árbitro que proteja los derechos fundamentales de las personas". Confirmó que votó en contra, al igual que su compañera Elena Córdoba.
Desde el PAN, la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez cuestionó la viabilidad del nuevo modelo. "El derecho de acceder libremente a la información existente en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional", advirtió.
Rechazó que la Contraloría pueda fungir como órgano garante. "¿Será la misma Contraloría quien se reclame no haber brindado la información completa? Esto es un sinsentido y lo sabe MORENA", expresó. "Al desaparecer el IVAI se pierden todas las garantías que se ofrecían, porque ya no contaremos con un organismo de naturaleza especializada en esta materia".
El diputado priísta Héctor Yunes Landa calificó la reforma como "la milla verde". Acusó que "nos están robando el derecho a saber la verdad" y que "la extinción del IVAI es una puñalada trapera al corazón de la transparencia".
Atribuyó la reforma a "una cólera presidencial" derivada de casos como "la Casa Gris" y "el plagio de tesis de una ministra de la Suprema Corte". En Veracruz, aseguró que la motivación fue frenar la difusión de información sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Cuitláhuac García.
"Muchos de ellos hoy documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que hasta ahora no han sido investigados por las autoridades de nuestro estado", declaró. "Tras el escándalo, Cuitláhuac García decidió decapitar al IVAI, así como perseguir y encarcelar a algunos de los antiguos consejeros".
Expuso que "el presupuesto del IVAI para 2025 representa el 0.02% de los más de 175 mil millones de pesos autorizados al gobierno del estado". Agregó que "tan solo en los servicios de salud se ha detectado un desvío de más de 2 mil millones. Con eso se podría mantener al IVAI por los próximos 50 años".
Luego de que el dictamen fue aprobado por mayoría, el Congreso tendrá 70 días naturales para adecuar las leyes secundarias. El IVAI quedará extinto al entrar en vigor la nueva legislación.