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Un negocio redondo es el que realizan las grúas, ya que no solo hacen cobros abusivos fuera de la ley, sino que incluso desmantelan las unidades, problemática que se ha denunciado de manera reiterada sin que haya respuesta, señalaron representantes de taxistas y transportistas.
Jairo Guaneros Sosa, del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), comentó que hay una empresa de Córdoba cuyas grúas vienen a Orizaba permanentemente y esto ha sido motivo de quejas constantes, pues usa como argumento esa distancia para aumentar el costo del arrastre, cuando la ley es muy clara y el Código de Derechos para el Estado de Veracruz señala que por arrastre se tienen que pagar cinco medidas de unidad, no por distancia.
Sin embargo, indicó, esa empresa cobra el arrastre en 6 mil pesos, lo cual es un abuso.
Lamentó que el director de Tránsito no haya tenido la capacidad o la decisión para poner orden en este asunto y se evite que esas empresas actúen con impunidad.
Mencionó que ante ello se ubica que el problema es la Dirección de Tránsito, que no pone orden y no soluciona esa situación para que paren los abusos.
Por su parte, Enrique Rustrián Villanueva, delegado de la Canacar en la zona centro, señaló que esa problemática es grave, pues por un arrastre, las grúas estatales o federales les llegan a cobrar hasta 30 mil pesos por cada 5 kilómetros.
Mencionó que cuando llegan a sufrir el robo de una unidad, aparte de las pérdidas que eso les representa, tienen que lidiar además con los cobros que les hacen las grúas, que no las solicitan ellos, sino las autoridades que atienden el caso, y entonces deben pagar el arrastre, el corralón y la estadía y son cantidades que pueden llegar a los 100 mil pesos.
“Ese es un tema que nos atañe a todos y nos perjudica a todos los transportistas. Hemos encontrado casos que son un abuso y ni siquiera pueden comprobar, porque tu llegas y les piden que comprueben el cobro o que den la memoria descriptiva y no hay respuesta”, expuso.
Rustrián Villanueva dijo que en esta situación debe intervenir la SCT, la SSP y la Dirección de Tránsito del Estado, para que se regulen esos cobros abusivos.