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Dominga Xóchitl Tress Rodríguez ha estado marcada por controversias y señalamientos públicos, tanto por nexos con la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa como por señalamientos de enriquecimiento ilícito.
Su carrera comenzó en el ámbito local, donde asumió la presidencia del DIF municipal de Juan Rodríguez Clara tras el asesinato de su esposo, el panista Gregorio Barradas, en 2010.
Posteriormente, en 2012, fue precandidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN).
Uno de los episodios más notorios en la carrera de Xóchitl Tress ocurrió durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Tress fue nombrada directora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, cargo desde el cual fue señalada por presunto enriquecimiento ilícito.
En julio de 2017, durante la segunda audiencia del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, fiscales de la actual FGR la mencionaron como destinataria de recursos desviados de programas sociales estatales.
De acuerdo con reportes de prensa nacional, testigos señalaron que Duarte habría adquirido para Tress una camioneta de lujo y un departamento en Ciudad de México, con fondos de origen no justificado, situación negada por la política veracruzana.
Sin embargo, en 2017, Xóchitl Tress fue detenida en Puerto Vallarta, Jalisco, acusada formalmente de enriquecimiento ilícito por un monto estimado en ocho millones de pesos.
Al acogerse a un procedimiento abreviado, la política veracruzana pagó una fianza de aproximadamente 40,000 pesos y entregó bienes equivalentes como reparación del daño, tras lo cual recuperó su libertad.
Un juez la inhabilitó por tres años para desempeñar cargos públicos, sanción que concluyó en 2020.
En 2025, Xóchitl Tress regresó a la política como candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara.
Durante su campaña, el 20 de mayo, su casa de campaña fue atacada a balazos, resultando en la muerte de la periodista y fotógrafa Avisak Douglas, quien formaba parte de su equipo.
Tress resultó ilesa en el incidente, precedido por una disputa entre grupos criminales y narcopolíticos, empresarios ganaderos, líderes sindicales y los publirrelacionistas de grupos delictivos infiltrados en prensa de la región.