![]() |
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 66/2025 contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras acreditar que personal médico del Hospital General de Zona No. 24 en Poza Rica, incurrió en graves omisiones que derivaron en la muerte de un paciente con enfermedad renal terminal.
La víctima, identificada como V, ingresó al hospital el 2 de septiembre de 2022 con un cuadro crítico. El procedimiento quirúrgico que necesitaba fue pospuesto durante 15 días, periodo en el que fue mantenido en ayuno. La intervención finalmente se realizó el 16 de septiembre, pero terminó con un paro cardíaco.
"AR1 en su valoración, no consideró lo referido por el especialista en Medicina Crítica, ni solicitó los estudios sugeridos para descartar entidades cardiovasculares", advirtió la CNDH.
Durante su hospitalización, el personal dejó de registrar notas clínicas clave. "No se cuenta con notas médicas del 18 y 20 de septiembre de 2022, ni respectivos registros de Enfermería", sostuvo el organismo. Esta omisión impidió documentar el deterioro del paciente y evaluar su evolución médica.
El 25 de septiembre, V fue extubado sin justificación médica clara. Según la persona quejosa, la maniobra fue producto de un error de las enfermeras. "En un descuido de las Enfermeras extubaron a V y ahí empezó a complicarse más todo. En lo que fueron a traer al médico, V falleció", señaló QVI, víctima indirecta.
El 27 de septiembre, el paciente sufrió un segundo paro cardíaco. "V presentó paro cardíaco durante el turno, con necesidad de maniobras de reanimación y apoyo farmacológico con adrenalina y atropina (...), pero sin detectar tensión arterial, con nueva asistolia sin recuperación del ritmo cardíaco", registró el parte médico.
La CNDH sostuvo que el personal médico "omitió realizar (...) un diagnóstico adecuado y con ello ofrecer medidas de prevención y tratamiento oportuno".
Además de las violaciones al derecho a la salud y a la vida, la Comisión acreditó la transgresión al trato digno, pues V era una persona adulta mayor con comorbilidades. "No sólo vulneraron los derechos a la protección de la salud, sino que como consecuencia de ello a la vida", concluyó el organismo.