![]() |
Autoridades comunitarias de los municipios indígenas de la región náhuatl se reunieron en una asamblea informativa convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de conocer cómo operará el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyos recursos serán destinados directamente a las comunidades para obras de infraestructura social.
La asamblea, que contó con la presencia de representantes de diversas comunidades, incluyó a agentes, subagentes, presidentes auxiliares, y consejeros de los municipios de Zongolica, Mendoza, Tehuipango, Xoxocotla, Tlaquilpa, Astacinga, Atahuilco, Tequila, La Perla, Ixhuatlancillo, Nogales, Tezonapa, Cuitláhuac, Yanga, Tomatlán, Tlilapan, San Andrés Tenejapa, Rafael Delgado, Magdalena, Ixtaczoquitlán y comunidades afrodescendientes de la región.
Ahí, funcionarios de Bienestar y del INPI les explicaron el proceso mediante el cual el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar y los servidores de la Nación, entregará un presupuesto directo a las comunidades para que ellas mismas gestionen la ejecución de obras.
El recurso será administrado por la comunidad, pero previamente se realizará un acompañamiento por parte de los servidores de la Nación para asegurar el adecuado uso de los fondos.
"El recurso está destinado a la realización de obras de infraestructura social que las comunidades decidan, pero para ello, se requiere una participación del 75 por ciento de los habitantes de cada comunidad en la asamblea correspondiente. La comunidad, de manera colectiva, decidirá en qué se invertirá el fondo", indicó.
En cuanto a la distribución de los montos, se circuló un listado preliminar, pero Zavaleta Colotl mencionó que se encuentran en un proceso de actualización. Además, destacó que las asambleas comunitarias para la toma de decisiones comenzarán después de la veda electoral, ya que el tiempo no permite realizarlas antes de esa fecha.
El coordinador del Centro de Desarrollo Indígena de Zongolica destacó que este recurso representa una gran oportunidad para las comunidades, ya que podrán decidir de manera autónoma qué obras consideran prioritarias para mejorar la infraestructura social de sus localidades.