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Ante la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México, Octavio Gracián, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Orizaba, expresó su respaldo al objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero también advirtió sobre los riesgos que implicaría implementar esta reforma sin un enfoque estratégico, gradual y sensible a la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
"Apoyamos la dignificación del trabajo y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, pero una reforma de esta magnitud no puede hacerse de manera precipitada. Las Mipymes representan más del 90 por ciento del tejido empresarial y muchas de ellas no tienen la capacidad para soportar este cambio sin acompañamiento del Estado", señaló Gracián.
Desde la Canacintra, dijo, se ha participado en diversos foros nacionales planteando que la estructura económica del país es profundamente diversa.
Sectores como la manufactura, el comercio, el turismo, la agroindustria o los servicios médicos y de seguridad pública no podrían adaptarse de forma inmediata a una jornada reducida sin comprometer su operación o calidad de servicio.
Gracián Malpica subrayó que para muchas empresas, especialmente las más pequeñas, la medida podría traducirse en una reducción de operaciones, despido de personal, e incluso un aumento en la informalidad laboral si no se otorgan incentivos reales y transiciones adecuadas.
"Proponemos que se inicie con sectores de mayor formalidad y productividad, acompañados por incentivos como la reducción de cuotas patronales al IMSS e Infonavit, así como acceso preferente a programas de capacitación, automatización y digitalización", explicó.
Además, insistió en que modificar un elemento estructural del contrato de trabajo, como la jornada laboral, requiere una regulación precisa y claridad jurídica para evitar conflictos o interpretaciones erróneas en su aplicación.
"La reducción de la jornada laboral debe ser una meta nacional, pero para alcanzarla se necesita diálogo, realismo y corresponsabilidad de todos los sectores. No podemos poner en riesgo la competitividad ni la generación de empleo formal", acotó.