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Busca diputada ampliar garantías para personas mayores de Veracruz
Plantea Hilda Nava Seseña actualizaciones a la legislación estatal
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Diversas reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el estado de Veracruz, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, propuso la diputada Hilda Nava Seseña, en la Cuarta Sesión Ordinaria.
En uso de la palabra, la legisladora refirió que dicha Ley fue aprobada en 2020 y tuvo como base los derechos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sin embargo, consideró importante incorporar derechos que no se incluyeron y son de gran relevancia para garantizarles una vida digna.
Para tal efecto, en su proyecto la legisladora plantea en el artículo 2 agregar el concepto de envejecimiento, para efecto de que, quien interprete este término, lo haga a partir de la definición que da la misma ley y no se deje a discreción. En el artículo 4, adicionar como principio de la ley, la protección judicial efectiva.
En el artículo 5 propone agregar la prohibición de la tortura como componente del derecho a la integridad, dignidad y preferencia; se adiciona el derecho a la libertad y seguridad personal para que la edad no sea una justificación para privarlas de la libertad de manera arbitraria.
En el mismo artículo, agregar que se les debe garantizar un trabajo digno y decente y que el Estado deba establecer mecanismos para garantizarlo. Asimismo, se adicionan algunos derechos de la Convención que la ley todavía no las contempla, como el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de acceso a la información y de protección de sus datos personales.
Se adicionaría también el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho de accesibilidad y movilidad personal. Además, la prohibición de atentar contra la privacidad y la intimidad de las personas mayores.
A esto añade la implementación de un sistema integral de cuidados. Otros objetivos de las políticas públicas que la diputada prevé son: garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información; el acceso en igualdad de condiciones que las demás personas al entorno físico, al transporte, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información.
Asimismo, plantea implementar los mecanismos interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores y garantizar la procuración y administración de justicia en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso.
En el artículo 20, se adicionaría la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de diseñar una política integral para la prevención de delitos en contra de las personas mayores, y en el artículo 23, se establecería la obligación de promover programas educativos gratuitos de los diferentes niveles, con énfasis en las mujeres y en los grupos en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, a la que adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
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