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10 de junio del 2025
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Estado

Avalan reforma indígena en Veracruz; ¿qué es lo que implica?

Congreso armoniza Constitución local con la federal tras consulta

Xalapa | 2025-06-10 | Jesús Ruíz
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Con 45 votos a favor, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al artículo 5 de la Constitución local para armonizarlo con el Artículo 2 de la Constitución federal, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle, quien argumentó que el artículo vigente "resulta evidentemente obsoleto" y que la reforma "desborda notablemente lo señalado actualmente en la Constitución Política local".

El dictamen aprobado establece que las comunidades indígenas y afromexicanas son "sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio".

"Es un derecho que tienen los pueblos indígenas para determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural", afirmaron las comisiones dictaminadoras.

La reforma reconoce la facultad de estas comunidades para "elegir a sus autoridades o representantes" y "crear sus propias normas para resolver conflictos internos", en el marco constitucional y legal, y con respeto a los derechos de las mujeres.

También establece la obligación del Estado para garantizar "la administración directa de presupuestos por parte de las comunidades", así como "el acceso pleno a la jurisdicción del Estado".

¿Qué incluye la reforma indígena en Veracruz?

El texto constitucional incluye disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, propiedad intelectual colectiva y saberes tradicionales. "Podrán protegerlos, preservarlos y desarrollarlos", señala la reforma.

En materia política, se prevé que en municipios con población indígena "podrán elegirse representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad".

Respecto al derecho a la consulta, se determina que toda medida legislativa o administrativa que pueda afectar a estas comunidades deberá someterse a una consulta "libre, previa e informada".

Durante el proceso legislativo se llevaron a cabo seis foros regionales en Benito Juárez, Tantoyuca, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Huazuntlán (Mecayapan), con la participación de tres mil 173 personas, de las cuales dos mil 103 eran autoridades comunitarias.

El 28 de abril se recibieron mil 734 deliberaciones en la etapa consultiva. De ellas, mil 695 respaldaron la iniciativa, una se manifestó en contra y 38 no fijaron postura.

"El procedimiento se diseñó a través de foros de acuerdos previos e informativos", señala el dictamen. Participaron también el INPI, la CEDH, AVELI, IVAIS, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura.

La consulta fue realizada conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. "La consulta debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe", establecieron las comisiones.

Se incluyó la participación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. "Se garantizó el derecho de acceso a la información de las comunidades", se informó.

En total, se consultaron dos mil 486 comunidades indígenas y 98 afromexicanas, ubicadas en 119 municipios.

El decreto federal que motivó la armonización local reformó el Artículo 2 constitucional y reconoce a los pueblos indígenas como "sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio".

Además, fija obligaciones para los tres órdenes de gobierno en materia de agroecología, cultivos tradicionales, propiedad intelectual colectiva, expresiones culturales tradicionales y educación indígena, intercultural y plurilingüe.

La iniciativa de Nahle adoptó una técnica de "máxima fidelidad para la armonización requerida", al replicar en el ámbito estatal el alcance constitucional federal.

Antes de dictaminar, las comisiones acordaron realizar el proceso de consulta. "La consulta libre, previa e informada es un derecho fundamental de naturaleza colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, establecido en el derecho nacional e internacional", concluyó el dictamen.

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