Libertad en riesgo: La Ley de Telecomunicaciones que nadie pidió

Con un Congreso cuya mayoría ha sido utilizada para aprobar reformas a modo y sin cambiarles ni una coma, la reciente propuesta de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encendió los focos rojos en varios frentes.

Esta iniciativa se recibió en el Senado de la República el 23 de abril, un día después el dictamen de 311 cuartillas fue aprobado sin cambios relevantes y en cuestión de dos horas y media en las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos. Si bien es cierto que fue retirada para su posterior análisis, el hecho de que se presentara y ocurriera un intento de aprobarla vía fast track es preocupante.

La presidenta Claudia Sheinbaum encontró en el spot antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, transmitido en la televisión mexicana, la excusa perfecta para mandar al Congreso esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se pretendía aprobar sin escuchar a la ciudadanía, ni permitir el debate público.

Fue gracias a las distintas voces que se pronunciaron y a la presión en redes sociales, que la presidenta reculó y planteó al senado la importancia de tomarse el tiempo para discutirla.

Para Movimiento Ciudadano hay tres temas particularmente preocupantes en los que el senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, llamó la atención:

1. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sin contrapesos y con facultades excesivas para actuar con discrecionalidad.
2. El padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que violenta el derecho a la privacidad de las personas.
3. La vulneración al T-MEC porque no garantiza que el organismo regulador de las telecomunicaciones sea independiente.

Asimismo, nuestra senadora Alejandra Barrales denunció que la ley podría convertirse en una herramienta de censura institucional y el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que se ponía en juego la libertad de expresión y atentaba directamente contra el estado de derecho. Nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, manifestó que esta "ley censura", tenía graves problemas de constitucionalidad, sería incompatible con el T-MEC y consideró como una mala idea dar poderes metaconstitucionales a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En síntesis, la iniciativa busca, entre otras cosas, permitir el bloqueo de contenidos "por razones de interés público", habilitar la geolocalización en tiempo real sin orden judicial clara y abrir la puerta al monitoreo de las telecomunicaciones con criterios amplios y peligrosamente ambiguos.

La discusión de la ley no está hecha en el vacío, ocurre mientras diversos sectores denuncian una concentración de poder que no se veía desde los tiempos del viejo régimen. La estrategia de controlar la narrativa pública, tanto en medios como en redes, es evidente. En este marco una iniciativa como esta cobra un sentido inquietante: hacer un intento por controlar las telecomunicaciones no se trata solo de un asunto técnico, es una forma de blindar al poder frente a la crítica.

Aunque la propuesta fue retirada para su discusión, el mensaje es claro, sí existen en el gobierno actual, voces o sectores que están dispuestos a avanzar por encima de derechos fundamentales. La libertad de expresión, la privacidad y el libre acceso a la información corren el riesgo de convertirse en daños colaterales de visiones arbitrarias.

Esta pausa se hará para la realización de cinco conversatorios con la participación de personas expertas que analizarán la ley, los cuales deben servir no solo para su revisión sino también para tener un debate nacional sobre hacia a dónde va nuestro país en materia digital. No es suficiente que la iniciativa no haya sido votada, es necesario que cualquier intento futuro de cambios en esa materia se construya con diálogo, participación ciudadana y con un compromiso ineludible: el respeto a los derechos humanos.

Estamos a tiempo de evitar que México transite hacia un modelo de vigilancia y censura digital, es momento de que la sociedad, los medios, el sector empresarial, las y los legisladores, y las organizaciones de la sociedad civil estén vigilantes. En tiempos de concentración del poder, el silencio no es neutral: es complicidad.

Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos

Movimiento Ciudadano