Justicia para Monse: 4 años sufriendo un sistema roto

La noche del 17 de abril de 2021, en la colonia Casas Tamsa de Boca del Río, Veracruz, Montserrat Bendimes Roldán, una estudiante de ingeniería de 20 años, fue víctima de un acto de violencia brutal.

En su propio hogar, Montserrat fue atacada con una saña que le fracturó el cráneo, el cuello y un brazo, causándole un traumatismo craneoencefálico que la dejó en coma. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a pronunciar unas palabras que aún resuenan como un grito de justicia: "Fue Marlon".

Su pareja, Marlon N., presuntamente la golpeó hasta dejarla al borde de la muerte. Seis días después, el 23 de abril, falleció por las secuelas en el Hospital Millenium.

Pero el horror no terminó allí. Marlon huyó, ayudado presuntamente por sus padres, Jorge Ignacio Botas y Diana Elizabeth Fuentes, quienes trasladaron a Montserrat al hospital sin alertar a las autoridades, un acto que pudo haberle robado minutos cruciales para salvar su vida. Este fue el comienzo de una tragedia que no solo destrozó a una familia, sino que expuso, una vez más, la complicidad de un sistema judicial y fiscal que falla a las mujeres en Veracruz y en México.

El caso de Montserrat Bendimes es un reflejo crudo de la crisis de violencia de género en Veracruz, donde, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 443 feminicidios entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2024, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Aunque las cifras oficiales muestran una disminución —de 98 casos en 2019 a 67 en 2021 y con una tendencia a la baja que avanza lento—, la realidad es que la impunidad sigue siendo la norma. En 2025, hasta marzo, Veracruz ha reportado 4 feminicidios, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 157, evidenciando que la violencia contra las mujeres no cesa.

En este contexto, el caso de Montserrat se erige como un símbolo de la deuda histórica de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Veracruz, instituciones que han demostrado una incapacidad alarmante para garantizar justicia.

Marlon N., tras permanecer prófugo por más de un año y escondido en Mérida, Yucatán, se entregó a las autoridades un acto que no borra su responsabilidad ni mitiga el dolor de la familia Bendimes.

Actualmente enfrenta cargos por feminicidio y permanece en prisión preventiva, pero el juicio oral sigue estancado, sin sentencia definitiva a abril de 2025, cuando se cumplen cuatro años del crimen contra Monse.

Las audiencias pospuestas son una bofetada a la memoria de Montserrat y una prueba de la ineficiencia del Poder Judicial. Pero la indignación no termina ahí. Los padres de Marlon, Jorge Ignacio N y Diana Elizabeth N, acusados de encubrimiento y omisión de auxilio, fueron liberados en julio de 2023 bajo condiciones, gracias a fallas procesales de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns. Esta liberación no solo es un agravio, sino una muestra de la negligencia y opacidad con la que la fiscalía ha manejado el caso, permitiendo que la justicia se diluya en tecnicismos y excusas.

La familia de Montserrat sigue luchando contra un sistema que parece diseñado para desgastarlos. Colectivos feministas, como Las Brujas del Mar, han amplificado su clamor con hashtags como #JusticiaParaMonse, mientras la "Iniciativa de Ley Monse" busca reformar el Código Penal para castigar con mayor rigor el encubrimiento en feminicidios.

Sin embargo, estos esfuerzos chocan con la indiferencia de una Fiscalía y un Poder Judicial que, juntos, acumulan una deuda histórica con las mujeres de Veracruz. Casos como los de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y ahora Montserrat no son excepciones, sino la regla en un estado donde la violencia de género es una sentencia de muerte para muchas.

La justicia para Montserrat no es solo un asunto legal; es un imperativo moral. Mientras la FGE y el Poder Judicial sigan fallando, el grito de "Ni una menos" seguirá siendo un eco vacío. Veracruz no puede seguir siendo un cementerio de mujeres. La memoria de Monse exige que la Fiscalía y los jueces asuman su responsabilidad, que dejen de esconderse detrás de excusas y que, de una vez por todas, pongan fin a esta deuda histórica con las víctimas de feminicidio.