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Las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle sobre presuntos vínculos entre candidatos y promotores de Movimiento Ciudadano con actividades delictivas en Veracruz no pasaron desapercibidas.
Durante su conferencia de prensa del lunes 9 de junio, Nahle García afirmó que MC intentó ganar elecciones municipales postulando a personas relacionadas con la delincuencia organizada, algunas de ellas con antecedentes penales o incluso con estancias recientes en prisión.
MC apostó por personajes ligados a la delincuencia organizada y con vínculos directos en múltiples asuntos delicados, sentenció la mandataria estatal.
Uno de los casos más destacados es el de Gregorio "Goyo" Gómez, exalcalde de Tihuatlán y figura relevante del extinto PRD, quien hoy actúa como operador político de MC en la zona norte del estado.
Gómez fue encarcelado durante casi cuatro años (de abril de 2021 a marzo de 2025) por su presunta responsabilidad en el homicidio de Nicanor Martínez, exdiputado federal y candidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán.
Además, también estuvo preso en Oaxaca por posesión de un vehículo robado y portación ilegal de arma de fuego.
Otro caso citado por la gobernadora fue el de Jesús Uribe Esquivel, empresario y actual presidente municipal electo de Las Choapas.
En 2021, Uribe —entonces candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Las Choapas— fue señalado por el asesinato de un militar en el sur de Veracruz. Fue enviado a prisión domiciliaria, pero obtuvo su libertad definitiva en abril de este año. Poco después, retomó su carrera política, ahora bajo las siglas de MC; ganó las elecciones municipales y rendirá protesta el 1 de enero de 2026.
La titular del Poder Ejecutivo lo dejó claro: trabajará con todos los alcaldes electos, sin importar las siglas partidistas, con la única excepción de quienes estarían vinculados con actividades delincuenciales.
Las acusaciones de la gobernadora Rocío Nahle son graves y no deben minimizarse. En un estado como Veracruz, donde la violencia y la criminalidad han erosionado la vida pública durante años, resulta alarmante que candidatos con antecedentes tan cuestionables consigan no solo participar en procesos electorales, sino incluso resultar electos.
Estos señalamientos obligan a la reflexión sobre los mecanismos de fiscalización y selección de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como sobre la necesidad de blindar las instituciones frente a intereses criminales.
La democracia no puede prosperar si sus cimientos están comprometidos por quienes buscan el poder para eludir la justicia.
Sobre estos señalamientos de la gobernadora, Movimiento Ciudadano —como cualquier otro partido político— debe responder con transparencia y responsabilidad ante la sociedad.
@luisromero85