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El próximo 1° de junio, México se prepara para ejercer uno de los más fundamentales derechos democráticos: el derecho a votar y a ser votado. Este derecho, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye el pilar central sobre el cual descansa todo sistema democrático. Sin embargo, más allá del ejercicio del voto, es preciso reflexionar sobre el significado y el alcance de la democracia participativa en el contexto nacional, así como los retos y oportunidades que se presentan en esta coyuntura electoral.
Tradicionalmente, México ha estructurado su vida política sobre un modelo de democracia representativa, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes para tomar decisiones en nombre suyo. Aunque este sistema ha permitido avances importantes —como la institucionalización de procesos electorales y la transición pacífica del poder—, la realidad contemporánea exige una evolución hacia esquemas más inclusivos y participativos.
La democracia participativa va más allá del simple acto de votar cada ciertos años. Implica mecanismos continuos mediante los cuales la ciudadanía puede incidir de manera directa en las decisiones públicas y en la supervisión de sus instituciones. Instrumentos como los referéndums, consultas populares, presupuesto participativo y la revocación de mandato son ejemplos palpables de esta tendencia.
A pesar de los avances normativos y procedimentales, existen diversos desafíos para consolidar un modelo de democracia participativa en México. Entre los más destacados encontramos:
A pesar de estas limitaciones, el momento por el que atraviesa México es también una oportunidad invaluable para fortalecer el tejido democrático. La participación informada, racional y crítica de la ciudadanía es indispensable para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto absoluto al Estado de Derecho.
De cara al 1° de junio, es fundamental recordar que ejercer el voto va mucho más allá de cumplir una obligación cívica. Es un acto de empoderamiento social que permite a cada persona ser partícipe activa de la democracia. La vigilancia posterior de los resultados, el seguimiento a los compromisos de los candidatos elegidos y la denuncia de irregularidades son fundamentales.
La democracia participativa no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de construcción colectiva en el que el Derecho, la justicia y los valores democráticos son sus cimientos inquebrantables. México enfrenta hoy la responsabilidad de consolidar un sistema político en el que todas las voces sean escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. De la madurez cívica y el compromiso de cada ciudadana y ciudadano depende, en gran medida, la calidad de nuestra democracia.
El 1° de junio, más allá de elegir funcionarios del poder judicial de la federacion, la sociedad mexicana tiene la oportunidad de refrendar su compromiso con un modelo democrático más participativo, justo y plural.