Veracruz: recuento y madurez democrática

En un Veracruz marcado por tensiones postelectorales, la gobernadora Rocío Nahle García ha dado un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia.

 En un gesto que pocos líderes se atreven a mostrar en tiempos de alta polarización política, Nahle respaldó con determinación el recuento voto por voto, casilla por casilla, en los municipios donde la diferencia electoral ha sido mínima.

La mandataria estatal, con la legitimidad de quien ha transitado desde la militancia hasta el ejercicio de gobierno, afirmó que "nuestro movimiento nace de exigir una democracia transparente". Y no es poca cosa.

En una entidad históricamente marcada por la sospecha, las prácticas clientelares y la desconfianza en los procesos electorales, esta postura no solo es una señal de congruencia con sus principios políticos, sino también un recordatorio de que las instituciones se legitiman, precisamente, cuando se someten al escrutinio de la ciudadanía.

El mensaje de Nahle no pasó desapercibido. Desde su investidura como gobernadora, su respaldo al recuento confirma que Veracruz está dando pasos hacia una madurez política que, aunque tardía, es indispensable.

El llamado a abrir los paquetes electorales no es un signo de debilidad, sino de fortaleza institucional. Es un paso decisivo para construir la legitimidad de los ganadores y, sobre todo, para preservar la estabilidad social.

En un momento en que los partidos políticos —incluyendo al propio Morena— enfrentan crisis internas y disputas por espacios de poder, el respaldo de Nahle al proceso electoral es un acto que va más allá de la política partidista. Una sustancial diferencia con sus antecesores.

Se trata de honrar el compromiso con la voluntad popular y de poner por encima de los intereses particulares el derecho ciudadano a elegir libremente a sus autoridades.

EN VERACRUZ, EL VOTO SÍ CUENTA

El impacto de esta postura será evidente en las próximas semanas. La transparencia en el conteo y la apertura a la revisión enviarán un mensaje inequívoco a la población: en Veracruz, el voto sí cuenta.

 Este proceso no solo servirá para calmar los ánimos en los municipios donde las elecciones fueron reñidas, sino también para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

Por supuesto, el reto no termina con el recuento. Veracruz necesita urgentemente reconstruir los puentes entre ciudadanía y gobierno.

La violencia, la desigualdad y la marginación no se resuelven solo con urnas transparentes. Pero de algo podemos estar seguros: con este gesto de apertura democrática, Nahle García allana el camino hacia un futuro más incluyente, donde la gobernabilidad no dependa de pactos oscuros ni de imposiciones, sino de la legitimidad que otorga el respeto irrestricto al voto.

En los escenarios futuros, la gobernadora tiene ante sí la responsabilidad de garantizar que los recursos y el respaldo político no solo beneficien a los suyos, sino que fortalezcan a Veracruz en su conjunto.

Esa es la verdadera prueba de liderazgo y madurez política. Por ahora, su postura frente al recuento es un paso firme, y en la historia de este proceso electoral será recordada como la gobernadora que prefirió la transparencia al autoritarismo.

EL OTRO MOY, BUSCA EL RECUENTO DE 80 CASILLAS

La noche del martes en sus redes sociales, el representante electoral de Movimiento Ciudadano (MC), Moisés Nava Ramírez, el otro "Moy", agitó las aguas de los comicios en Coatzacoalcos al anunciar la impugnación de la elección municipal.

 Su argumento: la presunta irregularidad en la integración de más de 80 casillas y la indebida representación de Morena en las mesas receptoras.

La acusación no es menor. Según Nava, en varias casillas hubo doble representación de Morena, contraviniendo la normativa electoral.

Este señalamiento, de confirmarse, podría anular casillas claves y restar votos al partido guinda, alterando así la asignación de regidurías y, eventualmente, la composición del próximo Cabildo.

El problema de fondo, sin embargo, no es la cantidad de casillas ni las sustituciones de funcionarios, sino el deterioro de la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Cuando la ciudadanía percibe que los árbitros no son imparciales o que las reglas se interpretan a conveniencia, la legitimidad de las instituciones democráticas se resquebraja.

El escenario que se vislumbra es complejo. De prosperar la impugnación de MC y otros partidos, la gobernabilidad municipal quedará en entredicho, y Coatzacoalcos se sumará a la lista de municipios atrapados en litigios poselectorales que solo alimentan la incertidumbre y la polarización.

En este contexto, Morena y el resto de las fuerzas políticas tienen la obligación de enfrentar el escrutinio con transparencia y apego a la legalidad.

La autoridad electoral, por su parte, debe actuar con rigor y celeridad para esclarecer las acusaciones y garantizar que el proceso sea respetado por todas las partes. Veremos.

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