La FGE a revisión en el Congreso

La opacidad en el manejo de denuncias por daño patrimonial ha sido una constante en la vida política y administrativa de Veracruz.

A pesar de los reiterados señalamientos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre la posible malversación de recursos, las respuestas han sido tibias, y los procesos judiciales, en el mejor de los casos, avanzan con una lentitud exasperante.

La inminente comparecencia de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, ante el Congreso local es una oportunidad clave para despejar dudas sobre el destino de 361 denuncias penales que involucran más de 35 mil 728 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista Hernández, ha dejado en claro que se busca conocer el estatus de estos expedientes, pues el patrón de impunidad se ha vuelto un tema recurrente.

La ciudadanía se pregunta: ¿cuántas de estas denuncias han derivado en procesos judiciales efectivos? ¿Cuáles se han archivado y por qué razones?

La presencia de Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, en la reunión es otro elemento fundamental.

Su participación permitirá contrastar datos y exigir explicaciones sobre la falta de claridad en el seguimiento de los casos.

Más allá de la comparecencia, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar a quienes atentan contra los recursos públicos.

El problema no es menor. La falta de sanciones efectivas fomenta la reincidencia en la corrupción.

Los municipios involucrados en presuntos desfalcos, en muchos casos, continúan operando sin consecuencias.

La ciudadanía ha normalizado que el anuncio de irregularidades en las cuentas públicas no derive en castigos ejemplares. Este círculo vicioso solo podrá romperse con acciones concretas, transparentes y ejemplares.

En el escenario inmediato, la fiscal general deberá presentar un informe detallado que responda a las interrogantes planteadas por los diputados y, por extensión, por la opinión pública.

Si la reunión se limita a generalidades y evasivas, se confirmará la percepción de que la justicia sigue sin tocar a quienes han abusado del erario.

A futuro, esta comparecencia puede marcar un precedente.

Si el Congreso adopta una postura firme y exige resultados tangibles, se podría comenzar a cerrar la brecha entre la fiscalización y la aplicación de la ley. De lo contrario, el mensaje será claro: en Veracruz, la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.

CUITLÁHUAC Y SUS OBRAS INCONCLUSAS

La reciente declaración del diputado Daniel Cortina Martínez, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, sobre la revisión exhaustiva de las obras inconclusas de la administración de Cuitláhuac García Jiménez abre un debate necesario sobre el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

La promesa de poner “la lupa de las buenas” sobre estas obras suena bien en el discurso, pero la realidad es que la fiscalización en México ha sido, en muchas ocasiones, más un acto de simulación que una herramienta efectiva de transparencia.

Si bien es cierto que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece mecanismos para revisar el manejo de los recursos, la pregunta que surge es si estos procesos realmente llevan a sanciones concretas o si terminan en informes engavetados que no trascienden a la acción.

El caso del Nido del Halcón, donde supuestamente se desviaron fondos destinados al equipo de básquetbol, es un ejemplo claro de cómo la opacidad puede generar impunidad.

Aunque el diputado Cortina menciona que se revisarán los contratos, es imperativo que estas investigaciones no se queden en meras formalidades.

Insistimos en que la ciudadanía exige resultados, no promesas. Si no hay consecuencias para quienes malversan o desvían recursos, la fiscalización pierde todo sentido.

El impacto de estas obras inconclusas va más allá del desperdicio de dinero.

Afecta la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y perpetúa la idea de que la corrupción es un mal endémico en la política veracruzana.

Y va de nueva cuenta: si el Congreso realmente quiere demostrar que está del lado de los ciudadanos, debe asegurar que estas investigaciones sean transparentes, expeditas y que culminen en sanciones ejemplares.

En el futuro inmediato, el reto no solo es fiscalizar, sino también garantizar que los hallazgos se traduzcan en acciones concretas.

La rendición de cuentas no puede ser un eslogan; debe ser una práctica constante y efectiva.

AL OÍDO

Sin haber recibido aún el documento que acredita su nombramiento como presidente del Consejo Administrativo de la Cruz Roja de Coatzacoalcos, el contador Jorge Fernández Franco ya ha generado una ola de optimismo y esperanza para la institución, que en breve deberá traducirse en hechos.

Incluso cuenta con la promesa de donación de reses para rifarlas y así obtener recursos para la Cruz Roja.

La institución enfrenta una crisis financiera que requiere más que buenas intenciones; se necesita una gestión efectiva, transparencia y resultados tangibles.

 La colecta anual que hoy inicia es una oportunidad clave para medir el compromiso ciudadano y la capacidad organizativa del nuevo liderazgo.

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