El caso de Susana: ¿Primero las mujeres?

La historia de Candelaria Susana Gutiérrez Quiroz no es solo la de una mujer viuda y trabajadora que defiende su fuente de sustento en el puerto de Veracruz. Es, en el fondo, la radiografía de un país donde el discurso oficial se desgasta cada vez que se topa con la realidad. "Primero las mujeres", repiten los gobiernos y sus voceros con un entusiasmo casi mecánico, como quien repite un mantra vacío.

Pero cuando esa consigna choca con el poder fáctico, con las mafias de cuello torcido disfrazadas de sindicatos o agrupaciones "populares", la protección prometida se desvanece, y lo que queda es la injusticia.

Desde hace 25 años, Susana y su familia han trabajado en el emblemático local "Manolo 46", en la zona artesanal del malecón de Veracruz.

Es parte de la historia viva del puerto, de ese corredor turístico que se derrumbó para dar paso a una nueva plaza donde decenas de veracruzanos se ganan la vida vendiendo conchitas, playeras y recuerdos que capturan algo del alma jarocha. Pero hoy, ella enfrenta una de las batallas más crueles de su vida: el intento de despojo de su local por parte de la misma organización que, alguna vez, su difunto esposo ayudó a fortalecer.

El caso es grave no solo por lo que representa en lo personal, sino por el simbolismo social y político que encierra.

HUMILLACIÓN Y ATROPELLOS

El secretario general de la Unión de Artesanos del Malecón, Alfredo Zúñiga Esperilla, ha sido señalado por Susana Gutiérrez como responsable directo del atropello: le niega la llave del nuevo local construyó la Asipona que legalmente le corresponde, la ha humillado públicamente y, según testimonios, se ha burlado de su situación con una prepotencia que raya en la crueldad.

 Esto ocurre, además, bajo el manto de impunidad que muchas veces protege a quienes se parapetan tras siglas sindicales afiliadas a centrales obreras históricas como la CTM.

El conflicto tiene raíces que se remontan a 2016, cuando la Unión intentó despojarla del espacio, pero un fallo de la Comisión de Honor y Justicia le dio la razón.

Desde entonces, Susana ha mantenido al corriente sus obligaciones fiscales y ha enfrentado con dignidad un entorno cada vez más hostil. Sin embargo, en 2024, cuando el proyecto de la "Plaza del Heroísmo" obligó a reubicar a los artesanos, fue engañada: le prometieron un nuevo local a cambio de abandonar el suyo, pero hoy le niegan el acceso con mentiras y amenazas veladas.

¿DISCURSO MUERTO?

Y aquí entra el primer gran cuestionamiento político: ¿dónde están la autoridad de los diversos niveles para defenderla? ¿Dónde queda el tan cacareado discurso de "gobierno humanista", "transformador" y "con sentido social" cuando una mujer es violentada y excluida por quienes ejercen poder desde lo más bajo y corrupto del liderazgo gremial?

Más aún, ¿por qué una mujer tiene que irrumpir en la bendición de locales encabezada por el Obispo Carlos Briseño Arch para exigir, literalmente, el derecho a no ser echada a la calle? ¿Por qué debe mendigar la intervención de la de autoridades para que se le respete lo que es suyo?

Este caso revela de manera brutal las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

Se habla mucho de género, de equidad, de derechos humanos, pero se hace muy poco cuando los atropellos ocurren desde dentro, desde las entrañas de estructuras supuestamente afines al pueblo.

 El silencio institucional frente a este abuso deja un sabor amargo, más aún cuando se ha vuelto habitual que muchas autoridades guarden prudente distancia si el conflicto implica a líderes sindicales aliados o a organizaciones que alguna vez aportaron votos.

Lo de Susana no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema que sigue fallando a los más vulnerables, que desoye a quienes no tienen poder, reflectores ni padrinos. Y es también una advertencia: si los gobiernos no actúan con contundencia frente a este tipo de injusticias, si no desmontan las redes de abuso dentro de las organizaciones "populares", entonces no hay transformación que valga. Solo un cambio de nombres sobre las mismas prácticas.

Pero más allá del análisis político, hay una dimensión humana imposible de ignorar.  Susana es una mujer, que durante años se ha ganado la vida con dignidad y esfuerzo, que ha educado a sus hijos vendiendo artesanías y comida desde su casa en ciertas temporadas del año, que hoy sufre alteraciones nerviosas y afecciones de salud derivadas del estrés y la violencia psicológica que enfrenta.

¿Realmente como sociedad estamos dispuestos a tolerar que personas como Susana terminen en la calle, despojadas por intereses mezquinos, sin que pase nada? ¿Cuántas "Susanas" más tienen que gritar auxilio para que una autoridad mire y actúe?

El caso de Candelaria Susana Gutiérrez Quiroz no solo merece atención: exige justicia inmediata. No por compasión, sino por principio. Porque el patrimonio se defiende, los derechos se respetan, y la dignidad no se negocia.

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