El contralor ´fantasma´

Uno de los primeros nombramientos que hizo Rocío Nahle, casi un mes después de su aplastante triunfo electoral en junio de 2024, fue el de Ramón Santos Navarro como titular de la Contraloría General del Estado, con licenciaturas en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad Veracruzana, además de especialista en administración hacendaria municipal por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Se supone que es uno de los colaboradores de Nahle de mayor confianza, pues presidió el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz y fue tesorero y contralor del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

En materia empresarial, fue hasta el año pasado síndico del contribuyente por el sector de la Cámara de Comercio y Turismo del antiguo Puerto México.

Sin embargo, como contralor general no se ha hecho sentir aún en la administración de la gobernadora Nahle. Ni por el multimillonario daño patrimonial que le imputan los órganos de fiscalización de la Federación y del Estado a la gestión del exgobernador Cuitláhuac García ni por las denuncias públicas de corrupción que ya se le han venido señalando al nuevo régimen estatal que encabeza la exsecretaria de Energía.    

Ayer, por ejemplo, transportistas de la entidad, "cansados de la grave corrupción al interior de la Dirección General de Transporte Público del Estado", anunciaron en redes sociales que esta semana en las plazas públicas de las principales localidades veracruzanas, así como en los tramos carreteros estatales y federales más importantes, realizarán "una protesta y un cierre a la circulación vehicular como medida de protesta contra el titular de esa dependencia, Luis Manuel Galicia Castañón", a quien señalaron como "el principal responsable del cobro de dádivas y moches por parte de los mandos medios de esa oficina dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado".

Amagan con movilizar "más de 800 taxis, 300 grúas y una cantidad incalculable de vehículos particulares", en la mega protesta contra Galicia Castañón, a quien acusan de utilizar a los mandos medios de la Dirección General de Transporte Público para fomentar la corrupción en la realización de innumerables trámites.

Denunciaron que desde hace varios meses obstaculiza a los transportistas para hacer altas y bajas, cambios de propietarios, reemplacamiento, sustitución de vehículos y que "principalmente envía a empleados de Transporte Público de civil a subirse a los taxis para solicitar carreras largas y después obligarlos a ir a las oficinas de Transporte Público donde les aplican fuertes sanciones por cobrar tarifas elevadas, cuando tiene más de 20 años que no existen tales tarifas y el cobro se hace por mutuo acuerdo entre el chofer y el pasajero".

En el caso de los empresarios de grúas y concesionarios de corralones, acusan que Galicia obstruye "la entrega de documentos para otorgar los permisos de funcionamiento y regularización, obligando a los interesados a acudir en innumerables ocasiones para provocar que se desesperen y caigan en la insinuación de los funcionarios medios de entregar diversas cantidades de dinero para facilitar el trámite", cantidades que, denuncian, van de los 20 mil a los 100 mil pesos, dependiendo de la localidad donde se pretende regularizar la prestación de estos servicios y la extensión del corralón.